La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la captura de siete
personas, algunas condenadas y otras declaradas en rebeldía por distintos
tribunales del país, por incurrir en actos de corrupción en perjuicio de
varias instituciones del Estado.
Las solicitudes, tramitadas a través de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fueron dirigidas a jueces
de la ejecución de la pena, para el caso de los condenados, y a las fiscalías
del país, para los declarados prófugos de la justicia.
La Procuraduría solicitó la captura de Celeste Francisca Morel Oviedo,
condenada a tres años de prisión, acusada de desviar fondos pertenecientes al
hospital Padre Las Casas, de Azua, en violación de los artículos 145 y 146 del
Código Penal Dominicano, así como el 146 de la Constitución, en perjuicio del
Estado dominicano.
Pidió la captura también de Lesbia Nereida Castillo Pimentel, condenada por
actos de corrupción en el Instituto Nacional de la Aguja y malversar fondos
Públicos en perjuicio de varias personas y del Estado dominicano.
La Procuraduría informó que se encuentran en estado de rebeldía Agustín
Junior Ruiz Santos y Luis del Carmen Calderón Peralta, sometidos en la
jurisdicción de la Provincia Santo Domingo por incurrir en irregularidades
mientras se desempeñaban como empleados de Promese/Cal.
También, el imputado José A. Vargas, procesado por actos de corrupción en la
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (Fodearte), y María
Patricia Sánchez Vásquez, ex funcionaria de la Oficina Nacional de Propiedad
Industrial (ONAPI), acusada de desviar fondos de esa institución. Estos
últimos casos están siendo conocidos en el Distrito Nacional, según precisa una
nota enviada por el departamento de Prensa de la Procuraduría.
La magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA, exhortó a esas
personas a que se presenten por ante los respectivos tribunales, porque de lo
contrario serán debidamente conducidos, dando cumplimiento a las disposiciones
legales a tal efecto”.
Manifestó su intención de lograr que aquellos imputados que no han cumplido
con su condena sean presentados ante el juez de la ejecución de la pena lo antes
posible, con el propósito de que se dé cumplimiento a las sentencias.
Sostuvo que lo mismo se pretende con aquellos que han sido declarados en
rebeldía, debido a que su ausencia en los procesos ha impedido el desarrollo de
los mismos.
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